¡¡¡Todos los políticos a la cárcel!!!

Transparencia, por Tiago Celestino

Fotografía bajo licencia Creative Commons de Tiago Celestino

Este debería ser el grito generalizado de la ciudadanía que se enfrenta –sí, se enfrenta– a una clase política atrasada, arcaica, ortodoxa, vestida de avanzada, ciega por conveniencia, malograda y descompuesta. Vamos, que se pudre.

Podrán algunas personas pensar que soy agresivo, pero no digo nada extraño por mucho que duela, y lo peor de todo, que mucha gente piensa.

Aclarando el título de este post hago una referencia explícita al asunto de canon digital que se cobra en España. Si el ordenamiento jurídico nos obliga a pagar por la presunta violación de la propiedad intelectual de los autores españoles, yo exijo que en igualdad de condiciones – ay, me duele la constitución– los políticos vayan a la cárcel por la posibilidad de cometer delitos contra el patrimonio, malversación de fondos públicos, simonía, nepotismo, tráfico de influencias, etc.

La ausencia de una Ley de Transparencia en este país evidencia que digan lo que digan y sean del color que sean, a nadie le interesa que los ciudadanos conozcamos y, menos aún,  indaguemos en lo que hace o no hace la Administración Pública con el dinero del pueblo. Serían demasiadas preguntas sin  posibilidad de respuesta y eso, molesta. La sola posibilidad irrita.

Si se nos ocurriera mirar en los papeles secretos quién dio la orden para cierta construcción o urbanización, para esos gastos de representación, o los criterios que se siguen para la dotación de mobiliario urbano de cualquier ciudad, ¿qué encontraríamos?, no puedo ni imaginarlo.

A veces me pregunto por qué los ciudadanos no nos enteramos de que todo, TODO, lo que es público es nuestro. Nos limitamos a quejarnos sin tomar acciones oportunas. Nadie entra en un ayuntamiento cualquiera pensando que es un sitio donde trabajan sus empleados, porque es así, los funcionarios públicos son nuestros empleados aunque se les suban los humos y los cargos a la cabeza. Alcaldes, rectores de universidades públicas, ministros, presidentes y vicepresidentes de gobierno, ellos son nuestros empleados. Y desde el respeto y las buenas maneras hay que exigirles responsabilidad por lo que dicen, hacen, no dicen, ni hacen. Y esto no se hace acudiendo a las urnas cada cuatro años. Sino plantándoles cara todos los días. Pero no de boquilla, como nos gusta tanto hacer. Usemos los registros de la Administración pública, exijamos firmas y detalles de cada actuación pública cuando podamos y si la cosa se tuerce, a los juzgados, que para eso los tenemos.

Es cierto que la democracia no es el sistema perfecto, pero es el más cercano a lo que me gustaría. Claro, si fuera democracia de verdad, estos políticos de tres cuartos estarían cagados con un pueblo que cumpliera su papel y no se conformara con el pan y circo que nos montan cada cinco minutos.

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